El caso C 540/22 es una solicitud de sentencia preliminar presentada por el Tribunal de La Haya, sección de Middelburg, en los Países Bajos, sobre la interpretación de los artículos 56 y 57 del TFUE. La controversia involucra a 44 trabajadores ucranianos, desplazados por una empresa eslovaca para la prestación de servicios a una empresa neerlandesa, y al Secretario de Estado de Justicia y Seguridad de los Países Bajos. La disputa surge del rechazo de este último, considerado infundado por los demandantes, de emitir un permiso de residencia temporal con fines de prestación de servicios transfronterizos.
Los hechos
- Los demandantes, ciudadanos ucranianos, fueron desplazados a los Países Bajos por la empresa eslovaca ROBI spol s.r.o. para realizar una prestación de servicios en el puerto de Róterdam para la empresa neerlandesa Ivens NV.
- La empresa eslovaca notificó a las autoridades neerlandesas las actividades y la duración de los desplazamientos.
- Los trabajadores ucranianos también tenían permisos de residencia temporales emitidos por las autoridades eslovacas.
- Según la ley neerlandesa, después de la expiración de un período de 90 días, los trabajadores ucranianos debían solicitar un permiso de residencia neerlandés.
- Inicialmente autorizados hasta el 21 de noviembre de 2020, con permisos de residencia temporales eslovacos, la duración del desplazamiento se extendió hasta el 31 de diciembre de 2021. A pesar de esto, las autoridades neerlandesas limitaron la validez de los permisos de residencia de los trabajadores a la duración de los permisos eslovacos, provocando quejas sobre las tarifas y la validez del permiso. Tras varios rechazos de las objeciones planteadas por los trabajadores ucranianos, el asunto fue llevado a los tribunales.
- Posteriormente, frente a las quejas de los trabajadores ucranianos, el tribunal neerlandés decidió presentar algunas cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia. En particular, estas cuestiones se referían a la conformidad de la normativa neerlandesa con la libre prestación de servicios en la Unión Europea.
La decisión del TJUE
El Tribunal concluyó que el artículo 56 del TFUE no impide la aplicación de la legislación de un Estado miembro según la cual:
- La validez de un permiso de residencia emitido a un trabajador de un tercer país desplazado a ese Estado miembro no puede superar la duración determinada por dicha legislación nacional, que puede ser más corta de lo necesario para la prestación del servicio.
- La duración de validez de dicho permiso de residencia está limitada a la del permiso de trabajo y de residencia que posee el individuo en el Estado miembro en el que está establecido el proveedor de servicios.
- La emisión de dicho permiso de residencia requiere una tarifa más alta que la de un certificado regular para un ciudadano de la UE, siempre que la duración inicial de validez del mismo permiso no sea manifiestamente demasiado corta para satisfacer las necesidades de la mayoría de los proveedores de servicios.
Por lo tanto, se concluye que la disposición según la cual la validez de los permisos de residencia otorgados no supera una cierta duración, determinada por la legislación nacional, no es en sí contraria al derecho de la Unión.
El hecho de que un Estado miembro limite el período de validez de los permisos de residencia emitidos a ciudadanos de terceros países desplazados a su territorio a la duración de los permisos de trabajo que poseen en el Estado miembro en el que está establecido el proveedor de servicios no puede considerarse una violación de la libertad de prestación de servicios de este último.
Finalmente, con respecto a la queja planteada por los trabajadores desplazados sobre el costo excesivo para obtener un permiso de residencia en los Países Bajos, significativamente superior al costo de un permiso de residencia para un ciudadano de la UE, se concluyó que este hecho por sí solo no es suficiente para demostrar que el importe de dichas tarifas sea excesivo o irrazonable y, en consecuencia, viole el artículo 56 del TFUE, sino que está puramente dictado por los costos que el gobierno neerlandés incurre para la emisión de dicho permiso de residencia.