Con la respuesta a consulta vinculante (interpello) n.º 202 de 5 de noviembre de 2026, la Agencia Tributaria italiana (Agenzia delle Entrate) ha aclarado el tratamiento fiscal de una pensión pública italiana percibida por un residente en el extranjero con doble nacionalidad, italiana y la del Estado extranjero en el que reside. La cuestión se refiere, en concreto, a la aplicación del Convenio para evitar la doble imposición entre Italia y Líbano y al papel de la nacionalidad a la hora de determinar el Estado competente para gravar la renta derivada de la pensión.
La respuesta pone de relieve que el traslado de la residencia fiscal al extranjero no implica necesariamente que la tributación de la pensión pase al Estado de residencia, ya que deben tenerse en cuenta también la naturaleza de la prestación y las disposiciones convencionales específicas aplicables.
Índice de contenidos
- El caso: pensión del INPS y residencia en Líbano
- El régimen de las pensiones públicas en el Convenio Italia–Líbano
- La aclaración de la Agenzia delle Entrate
- Las comprobaciones que deben realizar los pensionistas residentes en el extranjero
El caso: pensión del INPS y residencia en Líbano
El contribuyente, residente en la República Libanesa e inscrito en el AIRE, posee tanto la nacionalidad italiana como la libanesa. Desde el 1 de septiembre de 2026 percibe una pensión abonada por el INPS, procedente de la antigua gestión INPDAP, como consecuencia de una relación laboral anterior al servicio de un ministerio italiano que duró unos 35 años.
Ante las dudas surgidas con el ente de previsión social sobre el tratamiento fiscal correcto, el pensionista preguntó si la renta debía tributar en Italia o exclusivamente en Líbano. Según su interpretación, la posesión de la nacionalidad libanesa y la residencia en dicho Estado bastarían para excluir la imposición italiana, pese a conservar la nacionalidad italiana.
La consulta nace de una duda que puede plantearse también tras un traslado estable al extranjero: residencia fiscal y nacionalidad son elementos distintos y pueden desempeñar funciones diferentes en los convenios internacionales. La inscripción en el AIRE constituye un dato registral relevante, pero no basta, por sí sola, para determinar a qué Estado corresponde gravar cada categoría de renta. Además, en el caso de las pensiones, es necesario examinar el origen de la prestación y las reglas específicas previstas en el acuerdo entre ambos países.
El régimen de las pensiones públicas en el Convenio Italia–Líbano
En el plano interno, los artículos 3 y 23, apartado 2, letra a), del TUIR prevén, respectivamente, la imposición de los no residentes por las rentas obtenidas en Italia y la relevancia fiscal de las pensiones abonadas por sujetos italianos. No obstante, es preciso coordinar estas disposiciones con los convenios internacionales para evitar la doble imposición, conforme a los principios recogidos también en el artículo 169 del TUIR.
Por tanto, el análisis exige dos comprobaciones sucesivas. En primer lugar, debe determinarse si, con arreglo a la normativa italiana, la pensión es una renta de fuente italiana; a continuación, hay que aplicar el Convenio, que puede modificar el reparto de la potestad tributaria entre los Estados. No basta, pues, con conocer el ente que abona materialmente la pensión: también son relevantes la relación laboral de la que deriva la prestación y la disposición convencional que la regula.
El Convenio Italia–Líbano, ratificado por la ley n.º 87/2011, dispone en el artículo 19, apartado 2, letra a), que las pensiones abonadas en relación con servicios prestados al Estado, a sus subdivisiones o a los entes locales solo pueden, con carácter general, someterse a imposición en el Estado del que proceden.
La letra b) introduce después una excepción: la tributación exclusiva pasa al Estado extranjero de residencia únicamente cuando el beneficiario es residente y nacional de este, sin poseer también la nacionalidad del Estado que abona la pensión. El requisito de la nacionalidad debe valorarse, por tanto, en sus dos componentes. Además, la noción de «nacional» se define en el artículo 3 del propio Convenio.
Las condiciones previstas en la letra b) deben concurrir simultáneamente. No basta, pues, con que el pensionista sea únicamente residente y nacional del Estado extranjero: también debe no poseer la nacionalidad del Estado del que procede la pensión. Esta distinción es decisiva en los casos de doble nacionalidad, porque la existencia de dos nacionalidades puede impedir que la tributación exclusiva pase al Estado de residencia, sin que ello cuestione la residencia fiscal en el extranjero del beneficiario.
La aclaración de la Agenzia delle Entrate
En el caso examinado, la doble nacionalidad impide la aplicación de la excepción prevista en el artículo 19, apartado 2, letra b). En efecto, la nacionalidad libanesa no elimina la italiana y, en consecuencia, la pensión pública sigue siendo imponible exclusivamente en Italia, aunque el contribuyente sea fiscalmente residente en Líbano.
No obstante, la Agenzia precisa que la conclusión presupone la naturaleza efectivamente pública de la pensión, vinculada a servicios prestados al Estado italiano, así como la residencia fiscal en el extranjero declarada por el solicitante. Se trata de circunstancias de hecho que no se han verificado en el marco de la respuesta a la consulta vinculante.
Las comprobaciones que deben realizar los pensionistas residentes en el extranjero
La aclaración no significa que toda pensión abonada por el INPS a un residente en el extranjero solo pueda gravarse en Italia. Es necesario determinar la naturaleza pública o privada de la prestación, el empleador anterior, la residencia fiscal y las nacionalidades que se poseen, además de la redacción del convenio específico aplicable.
El Convenio regula por separado, en el artículo 18, las pensiones relativas a relaciones laborales que no corresponden a funciones públicas, con condiciones diferentes de las del artículo 19. La calificación de la prestación por pensión es, por tanto, esencial para determinar la regla aplicable.
Para quienes se trasladan al extranjero o ya perciben una pensión italiana, una valoración previa de la situación fiscal y de la documentación disponible puede ayudar a determinar el Estado de imposición correcto y a evitar tratamientos fiscales incoherentes con las disposiciones convencionales.