Ir al contenido Mediante la Circular n.º 1, de 23 de febrero de 2026, la Inspección Nacional del Trabajo italiana ha proporcionado aclaraciones precisas sobre el Decreto Ley n.º 159, de 31 de octubre de 2025. Este Decreto Ley recoge «Medidas urgentes para la protección de la salud y la seguridad en el lugar de trabajo y en el ámbito de la protección civil». Este artículo ofrece una visión general de los puntos principales del Decreto Ley abordados en la circular, centrándose especialmente en las directrices de salud y seguridad.
Trabajos por contrato o subcontratación
Con el fin de centrarse más en los sectores con mayor riesgo de irregularidades, el Decreto Ley 159/2025 reitera la importancia de las inspecciones a los empleadores que realicen trabajos de subcontratación públicos o privados. Asimismo, las empresas que realicen actividades clasificadas como de alto riesgo o que operen en obras de construcción, en régimen de contratación y subcontratación, deberán proporcionar a sus empleados una tarjeta de identificación especial. Esta tarjeta deberá enviarse al trabajador en formato digital y deberá tener un código único antifalsificación. Además, dicha tarjeta es obligatoria para los trabajadores autónomos y las empresas que no pertenezcan necesariamente al sector de la construcción, pero que operen en obras de construcción en régimen de contratación o subcontratación.
Actividades sujetas a la obligación de Licencia por puntos
El Decreto Ley 159/2025 introduce cambios importantes en relación con las actividades sujetas a la licencia por puntos. En concreto, confirma la deducción de 5 puntos de la licencia por cada trabajador no declarado que se detecte durante las inspecciones. Esta deducción se aplicará independientemente del número de días de trabajo no declarado que haya realizado el trabajador detectado. Además, las deducciones descritas anteriormente sólo se aplicarán a las infracciones cometidas a partir del 1 de enero de 2026.
En ausencia de una licencia por puntos o en caso de puntos insuficientes, las empresas o los trabajadores autónomos estarán sujetos a una sanción administrativa correspondiente al 10 % del valor de las obras y a la exclusión de la participación en obras públicas durante un período de seis meses. A diferencia de las deducciones mencionadas anteriormente, las sanciones especificadas en este párrafo se aplican a las infracciones cometidas después del 31 de octubre de 2025.
Comunicaciones obligatorias a cargo del empleador
Modificando el Decreto Ley 179/2021, el Decreto Ley 159/2025 introduce la obligación de que las empresas indiquen su domicilio digital para la recepción de comunicaciones oficiales con valor legal. Esta obligación incumbe específicamente a los administradores únicos, directores generales o presidentes del consejo de administración.
Otra modificación se refiere al anexo XII del Decreto Legislativo n.º 81/2008. En concreto, la notificación preliminar enviada por el contratista o el director del proyecto a la autoridad sanitaria local y a la oficina provincial de trabajo debe incluir una indicación clara de las empresas que operan como subcontratistas, así como su código fiscal o número de IVA.
Medidas de protección individual
El Decreto Ley 159/2025 proporciona más especificaciones sobre los equipos de protección individual. En concreto, los empleadores deberán mantener dichos equipos en buen estado. Además, deberán garantizar su correcta identificación y descripción en el Documento de Evaluación de Riesgos (DVR). La legislación también aclara el uso correcto de las escaleras verticales fijas y los sistemas de protección contra caídas. Además, el Decreto amplía la obligación de formar periódicamente al Representante de Seguridad de los Trabajadores (RLS). Ahora, esta formación también se aplica a las personas que ocupan este cargo en empresas con menos de 15 empleados.
Conclusiones
La circular del INL del 23/02/2026 y el Decreto Ley 159/2025 tienen por objetivo establecer normas más precisas en materia de salud y seguridad en las obras de construcción, prestando especial atención a los sectores con alto riesgo de irregularidades. Con vistas a una mayor vigilancia sanitaria y protección civil, la legislación mencionada podría constituir un punto de inflexión para la seguridad de los trabajadores y dar lugar a una cooperación más estrecha entre las empresas y las autoridades de inspección.